Las agresiones contra la
universidad venezolana por parte del gobierno ha pasado de lo físico, hasta lo
jurídico en los últimos 8 años, donde a través de triquiñuelas intentan
debilitar la fuerza moral que significan las máximas casas de estudios del
país, hoy vemos otra afrenta, esta vez de la Oficina de Planificación del
Sector Universitario con la asignación arbitraria de ingresos de su parte,
pasándole por encima a la voluntad de las diferentes universidades nacionales,
tanto experimentales como autónomas.
En dicha asignación, la OPSU y el
Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología transgrede a través
de tres aristas a nuestras universidades, en lo jurídico, administrativo y en
lo político, significando otro episodio más de esta guerra hacia la producción
del conocimiento declarada por el gobierno nacional desde el 2007.
Con conocimiento de causa sobre
la situación debido a ser beneficiario del OPSU hace 5 años podemos ver como
este exabrupto sobrepasa los límites de la “justicia social” a través de las
siguientes tres razones:
JURIDICA:
El artículo 109 de la Constitución expone
sobre la autonomía que poseen las universidades para dictar normas sobre su
funcionamiento interno, no obstante la asignación arbitraria por parte de la
OPSU viola lo contenido en el numeral 9 del artículo 26 de la Ley de
Universidades que da la atribución a los Consejos Universitarios sobre la
fijación de alumnos para el primer año.
Ya en el pasado la norma sobre
asignación de alumnos para el primer año fue boicoteada por el acuerdo del año
2008 donde las Universidades Nacionales asignan a través de pruebas
diagnósticas el 70% y la OPSU el 30%. Bajo un ropaje retórico de “Justicia
Social” el Consejo Nacional de Universidades se extralimitó en sus funciones al
dictaminar la asignación de alumnos en un 100% para Universidades
Experimentales y en 70% para las Universidades Nacionales Autónomas, funciones
que se limitan en el artículo 20 de la Ley de Universidades.
Dichas implicaciones obliga a que
las Universidades en pro de preservar su autonomía tengan que proceder a
acciones legales en contra del Ministerio, del CNU y la OPSU por la
extralimitación de funciones en marco de continuar con el sitio que se le tiene
al Alma Mater venezolana.
ADMINISTRATIVA:
Vemos grandes incongruencias en
la construcción del nuevo Índice de Asignación por parte de la OPSU, donde el
Promedio de Notas equivale a tan solo un 50%, la condición socio-económica un
30%, territorialidad 15% y trabajos de acción social un 5%, sabiendo la
subjetividad del 50% que no corresponde a lo académico deja mucho que desear
como ya no es tan importante el esfuerzo en cuanto al desempeño académico que
puede construir un aspirante a bachiller durante 5 años sino criterios que no
corresponden a la formación académica de un joven para así ingresar a los
estudios superiores.
Las universidades a lo largo del
país luego del cerco presupuestario que ha ido avanzando provocando una asfixia
sin presentes en la historia venezolana hace que el nuevo mandato del MPPEUCT
sea prácticamente imposible de ejecutarse, por el hecho de que a nivel de
infraestructura y recursos humanos las casas de estudios no poseen condiciones
mínimas para el albergue de un 100% más de la matricula actual, en otras
palabras, no hay suficientes, aulas, laboratorios, pupitres, auditorios ni
profesores para que sea exitoso el edicto gobiernero y esto es producto a sus
políticas erróneas en cuanto a la educación superior se refiere.
POLÍTICO:
El nuevo sistema adaptado por la
OPSU para el ingreso de estudiantes a la universidad ha demostrado ser
inauditable, los elementos para la construcción del Índice de Asignación por
parte de la OPSU corresponde en un 50% a criterios no académicos y a su vez los
mecanismos de ingreso a las universidades como proceso social que corresponde a
los estudios de pre-grado deben ser transparentes y hacer posible la
verificación del resultado por parte de los usuarios, generando mucha
desconfianza así debido a que no existe certeza de que haya la posibilidad de
interferencia por parte del gobierno y sus amigos para el ingreso a la
universidad sabiendo la destreza por parte de nuestros gobernantes de hacer
negocio con las necesidades del pueblo.
Una vez más el gobierno en su
afrenta por callar los espacios de democracia, pluralidad, autonomía y
diversidad como los son las universidades en Venezuela emprende una nueva
afrenta que tiene como banderas la discriminación, la ilegalidad, la
politización, y la falta de transparencia en el ingreso hace que los
universitarios sigamos en pie en defensa de nuestra Alma Mater, donde si
existiese un dialogo y entendimiento con las autoridades y los sectores no
existiría una afrenta constante. La amplitud debe ser una política a seguir en
la construcción y la planificación para el sector universitario.
Francisco Matheus
Consejero Universitario – UCV
@FJMatheus
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